Se abre la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España

Organizaciones medioambientales, como Fundación Renovables o Greenpeace, celebran el cierre definitivo de Garoña.
Consideran que se abre la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España.
Recuerdan la necesidad de una planificación para el cierre progresivo del resto de centrales nucleares y piden que no se amplíe su vida.

Buenas noticias para el sector de la energía en nuestro país: ONGs medioambientales como Greenpeace y la Fundación Renovables, celebran que el Ministerio de Energía haya denegado recientemente la renovación de la central nuclear de Garoña, por falta de certidumbre para operar con seguridad, por falta de interés del operador, Iberdrola y Enel-Endesa, y por el impacto nulo que supondrá en el sistema eléctrico, dando paso al desmantelamiento de la central nuclear.

«Greenpeace celebra que Garoña vaya a comenzar su desmantelamiento porque se abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España. Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía nuclear de Greenpeace.

La organización ecologista, junto a otras ONG, lleva todos estos años informando, documentando y protestado de forma pacífica para pedir el cierre de Garoña por motivos de seguridad y de contaminación al medio ambiente, y en último término denunciando la modificación de las normativas para dar ventajas económicas a los propietarios contra el interés general.

Informe sobre el cierre de centrales nucleares de Greenpeace

Según el último informe publicado por Greenpeace El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, el desmantelamiento generaría 100.000 puestos de trabajo y el proceso del abandono nuclear supondrá un aumento total del PIB de unos 20.000 millones de euros, pero las eléctricas apenas han cubierto el 30% del fondo para la gestión de los residuos nucleares.

La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966. Cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación. Tiene una reactor igual al reactor nº 1 de la central de Fukushima Daiichi, y entre otros, sufría problemas de agrietamiento, problemas de su sistema eléctrico, problemas de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se realizaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.

Cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa propietaria pidió el cese de operación en diciembre de 2012. Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estaban detrás de su final de operación.

Posteriormente, en mayo de 2013, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar, pero Industria no pudo hacer valer esta decisión y tuvo que declarar su cierre definitivo de explotación, en vigor a día de hoy. En 2014 se aprobó un real decreto que permitía a Garoña obtener una nueva autorización y Nuclenor pidió la ampliación hasta 2031, hasta que hoy el ministro ha anunciado su cierre definitivo.

El parque nuclear en España está envejecido, tiene una media de 33 años y con las licencias de explotación actualmente en vigor alcanzará los 38 años. Estamos por tanto ante el final de la vida útil de las centrales nucleares de nuestro país. Sin embargo, estas necesitan ser desmanteladas, y sus residuos radiactivos gestionados adecuadamente para su almacenamiento durante periodos de tiempo incalculables.

Estos residuos suponen que el cierre de las centrales nucleares no es el fin de la gestión nuclear y la sociedad debe continuar resolviendo estos asuntos, por ello Greenpeace propone no conceder ninguna licencia de explotación a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya su periodo de validez y elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para administrar la peligrosa basura que generan las nucleares.

«Todas las personas y las futuras generaciones merecen un futuro sin más residuos nucleares, sin más accidentes nucleares y con un modelo energético seguro, limpio y justo», ha concluido Montón.

Preocupación de Fundación Renovables

Por su parte, la Fundación Renovables manifiesta su preocupación de que la decisión del Gobierno no se haya producido como consecuencia del establecimiento de un plan transparente y público para una planificación de cierre de las centrales nucleares ni por la petición mayoritaria del Parlamento, sino como consecuencia de los desencuentros entre los accionistas de las dos empresas propietarias que no han obedecido a las facilidades que el Gobierno les ha ido dando en el tiempo como la retirada del impuesto sobre el combustible nuclear gastado o la prolongación de la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años.

Esta ONG lamenta que esta decisión no sea la consecuencia lógica de una verdadera política energética, de la que nuestro país carece y que en las últimas décadas se ha caracterizado por mantener una economía y un sistema energético basado en el predominio de los combustibles fósiles, con un modelo de negocio que ha incentivado el mayor consumo de energía y el predominio de las operaciones corporativas en el sector de la energía. Expresa, igualmente, su preocupación por que este tipo de decisiones puedan utilizarse como moneda de cambio de acuerdos políticos.

La Fundación Renovables exige acabar con la actual discriminación que permite que algunas fuentes de energía escondan sus costes, externalizándolos al resto de la sociedad, mientras las energías renovables tienen incorporados todos los suyos.

El Informe aprobado por el Tribunal de Cuentas en 2015 de Fiscalización de la Gestión realizada por Enresa sobre el fondo para la financiación de las actividades del Plan General de residuos Radiactivos ya volvió a poner de manifiesto la incapacidad de esta tecnología de internalizar sus costes de gestión de los residuos nucleares y dejaba claro que los titulares de las instalaciones nucleares no están aportando lo suficiente para la gestión de los residuos radiactivos y por lo tanto recomendaba subir la tasa que recae sobre ellos para cubrir los costes que ha de asumir Enresa en la gestión de estos residuos.

En un escenario actual y futuro de reducción de la demanda eléctrica en España, la Fundación Renovables aboga por el abandono de la energía nuclear por cara, insolidaria e insostenible y pide que la industria nuclear internalice la totalidad de los costes de seguridad y gestión de los residuos radiactivos que genera.

La energía como vector de cambio para una sociedad y una nueva economía

En el documento «La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía», de 2015, esta ONG ya recogía una propuesta para el cierre de las centrales nucleares al término de la licencia de operación de la que disponen en la actualidad, lo que supondría prescindir de esta tecnología en 2024.

En dicho documento, la Fundación Renovables parte de la consideración de «la energía como un bien básico y escaso, que debe estar por encima de los intereses económicos que se generan a su alrededor para recuperar el atributo de utilidad pública», lo que cobra todo su sentido a la hora de abordar el tema de prolongar o no la vida de las centrales nucleares.

Así, propone el cierre programado de todas las centrales nucleares por considerarlas «insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad» y añade que «la energía nuclear no forma parte del escenario energético deseable para España y, en general, si lo son para el sector eléctrico es porque disfrutan de un régimen de funcionamiento y de no asunción de costes no equitativo con otras fuentes con las que deberían competir».

Propuesta concreta para cierre del resto de centrales nucleares

Con el fin de no provocar un cambio retroactivo sobre la fecha de cierre, se considera que este debe producirse en el momento que finalice la licencia de operación de la que disponen en la actualidad, sin otorgarles más autorizaciones administrativas.

Por tanto, la propuesta de la Fundación Renovables para el fin operativo de las distintas centrales es la siguiente:

Garoña (446 MW).- Cerrada
Almaraz I (977MW).- 8 de junio de 2020
Almaraz II (984 MW).- 8 de junio de 2020
Vandellós (1087,1 MW).- 27 de julio de 2020
Cofrentes (1092 MW).- 20 de marzo de 2021
Ascó I (1032,5 MW).- 28 de julio de 2021
Ascó II (1027,2 MW).- 28 de julio de 2021
Trillo (1066 MW).- 15 de noviembre de 2024

Estas fechas son revisables a la baja ante la viabilidad y oportunidad de su sustitución, según los programas de transición energética que se diseñarían en 2016 y y que, en el caso de Alemania, por ejemplo, ha llevado a que esté previsto que en 2022 se cierren todas sus centrales nucleares.

En cuanto a la viabilidad de este cierre, la Fundación Renovables mantiene que esta medida tiene todo su sentido en un cambio global de modelo energético, que incluye un cambio de cultura de la energía empezando por el ahorro —sin renunciar a los servicios que nos brinda la energía, sino racionalizándolos— la eficiencia y una apuesta clara y decidida por las energías renovables.